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Respetado Profesor Mockus:

Yo estoy seguro que Ud. no es débil. Algo más grave, Ud. es irresponsable con los colombianos. En el más reciente debate en el cual se enfrentó a su opositor Juan Manuel Santos Ud. dijo que a mi me debían hacer un monumento por haber salvado el sistema democrático, pero que estaba bien condenado por haber desaparecido a unos civiles. Eso no solo demuestra su desinformación en temas tan delicados, sino su irresponsabilidad al tomar partido en un proceso que no ha terminado.

Y demuestra poca inteligencia, porque Ud. a mi no me conoce. Si Ud. cree que se conoce a una persona porque compra el pan en la misma panadería, está perdido.

Pero además falta a la verdad cuando dice que me conoció porque comprabamos el pan en la misma panadería en Quinta Paredes. Profesor Mockus, yo nunca he vivido en Quinta Paredes. Y no es por machista sino por que siempre he madrugado a mi trabajo que yo no compro el pan del desayuno. Lo compra mi mujer. De modo que no está bien que Ud. le diga a los colombianos, en un debate tan importante, cosas que no son ciertas.

Pero bueno. Eso del pan es inocuo. Lo grave es que Ud. me está condenando por un delito que no he cometido. Eso me dolió mucho, por tratarse de un candidato presidencial hablando a la nación entera, y también de un colega mío, porque yo también soy profesor universitario, y por muchos años. Y ud. sabe que uno tiene que preparar las clases, para no quedar mal con los alumnos al comunicarles algo que no es cierto.

Muy mal le fue en ese debate en materia electoral, profesor Mockus, a mi modo de ver. Porque si bien es cierto que a mi me dolió su expresión irresponsable sobre mi caso, cuando Ud. no me conoce, porque yo no soy el señor de Quinta Paredes que Ud. se imagina que soy, también es cierto que los que si me conocen que son muchos, ya no van a votar por Ud. y se lo compruebo con el documento que le anexo en el cual por primera vez en la historia reciente del pais, todas las organizaciones de militares retirados y sus familias se han manifestado a mi favor, en el caso de la condena que se me impone por un delito que no solo no cometí, sino que no tengo nada que ver con el tema de desaparecidos.

También percibo, Profesor Mockus que de milicia sabe bastante poco. Soy la víctima propiciatoria de un complot del M-19 y el narcotráfico infiltrado en la rama judicial, que me está echando la culpa de los crímenes por ellos cometidos en los hechos del Palacio de Justicia. Se lo puedo comprobar.

Cómo me gustaría profesor que Ud. se interesara en conocer el tema del Palacio de Justicia. Lo invito a leer el Diario Oficial Número 37509 de fecha 17 de junio de 1986, donde se hallan las conclusiones de la Investigación adelantada sobre esos luctuosos hechos. En particular le recomiendo las páginas: 49 bajo el título:los desaparecidos; la 61 donde aparece la conclusión decimo séptima también sobre los desaparecidos. La 59 que contiene la conclusión décima, sobre el trato dado a los rescatados por el Ejército Nacional.

Si Ud. conociera la forma como se adelantó el proceso contra el suscrito estaría escandalizado, como lo está el pais entero, y Ud. no se ha dado cuenta.

Finalmente le manifiesto que yo no busco monumentos. Ni los busqué cuando me jugue la vida por rescatar por lo menos 260 personas que me premian con su gratitud. Ni los busqué cuando le quité mas de dos billones de pesos en bienes mal habidos a los narcotraficantes como Director de la DNE, sin que esa institución hubiera perdido un solo peso. Cuando recibí un FRISCO, institución que creo que Ud. debe conocer con 100 millones de pesos y lo entregué con seicientos mil millones de pesos. Con ese dato Ud como matemático podrá entender la dimensión de mi tarea.

Por eso me sacaron como me sacaron de la DNE los criminales de este pais mediante un debate muy publicitado para calumniarme, y sin ninguna noticia cuando fuí absuelto de todos los cargos. Averigue Profesor con mis funcionarios de la DNE como se manejaron durante mi gestión billones de pesos, no de ciudadanos comunes y corrientes que eso lo conoce Ud. muy bien, sino de narcotraficantes con la maldad y todo el poder que tienen, sin dejarse sobornar, sin dejarse engañar y sin dejarse halagar.

Claro que agradezco las condecoraciones y distinciones que me pusieron por mi labor contra el crimen organizado. Fueron trece durante mi cargo en la DNE ya en traje de civil, entre ellas la de la INTERPOL. Pero no lo hice detrás de las vanidades, sino de la salud de la patria, que los militares sentimos en lo mas profundo del ser, y que yo no se si Ud. lo entienda.

Es que cuando mis ancestros, entre ellos tres suboficiales que lucharon en las guerras de independencia a órdenes del Libertador Simón Bolívar, caían todos en combate; los suyos muy respetables, desde luego, hacían patria seguramente, pero en Lituania.

Obviamente Juan Manuel Santos si conoce y a profundidad el tema del Palacio de Justicia, toda vez que fue mi apoyo en la publicación de mi libro sobre esos acontecimientos tan dolorosos, que primero revisó cuidadosamente, y luego fue publicado por Intermedio Editores. Claro que Juan Manuel Santos me conoce cuando se implanto el sistema SIDUNEA, que Ud. seguramente conoce muy bien, para la moralización y sistematización del sistema aduanero, previo a la unificación del mecanismo de impuestos con el mecanismo de aduanas, la eliminación del resguardo nacional tan corrupto y deprestigiado, y la creación de lo que hoy es la DIAN. Santos era el Ministro de Comercio y yo era el gerente de Consimex, una empresa que yo mismo organicé y gerencié, para el desaduanamiento de la carga de importación en forma sistematizada y honorable, con las cinco mayores empresas aduaneras de Colombia.

Claro que Juan Manuel Santos me conoce cuando en mi condición de Ministro Plenipotenciario en Sudafrica tuve que recibirlo en el aeropuerto de Johanesburgo para conducirlo a Pretoria, donde daría el discurso de inauguración ante los mas importantes líderes del mundo de la Novena Conferencia de la UNCTAD de la cual él era Presidente, y en la cual yo era uno de los miembros de la delegación colombiana.

Claro que Juan Manuel Santos me conoce porque me invitó a participar en un trabajo de integración de tres días en Paipa, en el cual se analizaron los temas nacionales bajo el entrenamiento del trabajo en equipo para la Fundación Buen Gobierno.

Y por eso su posición en los debates fue prudente cuando se habló del Palacio de Justicia. No podía defenderme, aunque hubiera podido hacerlo porque me conocía, es que  hay que esperar a que el proceso termine. Y siendo un proceso político, con interferencia de la izquierda internacional y el narcotráfico tan afincados en algunos sectores de la justicia colombiana, seguramente se va a tardar mucho tiempo.

Ud. en cambio, sin concerme me condenó. ¿Esta eso bien hecho Profesor Mockus? ¿Es eso honrado?

En el documento que le anexo, profesor Mockus, Ud. percibirá el dolor que aqueja a los militares, por mi condena. Si yo fuera un pillo, o si la condena fuera justa, ni los militares activos, ni los retirados, ni el Gobierno, ni tantos sectores de la población colombiana hubieran salido en mi defensa. Nadie se quema las manos por un delincuente.

En medio de mi molestia, mi dolor y mi inconformidad, le reitero mi respeto.

Luis Alfonso Plazas Vega.
Coronel del Ejército Nacional y honorario del Estado de Kentucky (USA)
Diplomado en Estado Mayor ( Colombia 1981, Estados Unidos 1984, España 1990)
Historiador (miembro de la Academia Colombiana de Historia, Sociedad Bolivariana de Colombia, Academia de Historia de Boyacá, Academia de Historia Militar, Instituto Sanmartiniano de Colombia)
Administrador de Empresas (U. América, especializado en Adm. Pública ESAP))
Diplomando en Alta gerencia (U. de los Andes)
Diplomado en Altos Estudios Internacionales (Consejo Superior de Investigaciones cientídficas, Madrid España)

Hace unos días, cierta prensa trató de hacernos creer, con ayuda de unas encuestas, que Antanas Mockus ganaría la primera vuelta de la elección presidencial. Era una mentira. Esa misma prensa, con la ayuda de una juez, trata ahora de hacernos creer que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el héroe de la liberación del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, quien rescató a 244 rehenes que habían caído en manos de los terroristas, es el responsable de las “desapariciones” del palacio de Justicia.

Estamos de nuevo ante una gran mentira.

La sentencia inicua mediante la cual una juez de Bogotá, María Stella Jara Gutiérrez, condenó, en primera instancia, al coronel Plazas Vega a 30 años de prisión no inspirará el respeto que normalmente merece toda decisión de justicia de un país democrático.

Pues esa sentencia es la negación del debido proceso.

De hecho esa sentencia, en lugar de aportar serenidad, aporta incertidumbre, estupor y amargura al país. Los legítimos pronunciamientos de altas personalidades del gobierno, del Estado, de la prensa y de la sociedad civil contra esa sentencia, muestran que Colombia no está dispuesta a aceptar esa nueva impostura. No hay justicia sin verdad.

No hay Derecho sin respeto de las reglas de Derecho. Lo jurídico descansa sobre unas normas preexistentes y sobre un procedimiento. El jurista Jhering decía que “el procedimiento es la hermana gemela de la libertad”. Esos principios fueron pisoteados en el proceso del coronel Plazas Vega.

La sentencia de la juez Jara es aberrante pues no hay en ella correlación alguna entre la salvaje sanción impuesta y la prueba de la culpabilidad. Es inaudito pero es cierto: el Coronel Plazas ha sido condenado en basa a nada. En la sentencia no se encuentra ni confesión del acusado, ni la prueba irrefutable de que él haya cometido el delito que le reprocha la juez. ¿Dónde está la prueba material irrefutable de que él ordenó, o de que él realizó personalmente, la “desaparición forzada agravada” de unas personas?

En ninguna parte.

En la sentencia de 302 páginas no hay el menor rastro de una prueba en ese sentido. De una prueba cierta, verdadera, franca. Solo hay conjeturas y especulaciones dudosas del abogado de la parte civil, las cuales son acogidas por la juez. Esta acepta como pruebas, y finca su decisión final, sobre testimonios espurios, repudiados por el Ministerio público y por la defensa.

Ni siquiera hay indicios serios, repetidos y concordantes, contra el acusado. Lo que sí hay son elucubraciones en el aire, suposiciones, deducciones y teorías insólitas. Sobre todo deducciones gratuitas, sin soporte material, ni basada en hechos comprobados.

Ese proceso no buscaba la verdad judicial. Buscaba demostrar una tesis y destruir físicamente y moralmente al acusado. Nunca hubo allí equidad, ni garantías para la defensa. La instrucción no logró probar que Plaza Vega tuviera algo que ver con los llamados “desaparecidos” del palacio de justicia.

Por eso la Procuraduría y la defensa del Coronel pidieron que el acusado fuera absuelto. Por eso el Procurador General de la Nación y el abogado del Coronel anunciaron que interpondrán el recurso de apelación contra esa sentencia.

Quienes responsabilizan al coronel Plazas y a otros militares por la tragedia del palacio de justicia tuvieron 25 años para investigar ese asunto y para conseguir pruebas sólidas. ¿Dónde están? No están, en todo caso, en manos de la juez, pues ésta no las presentó en la sentencia.

Esos acusadores, que dicen buscar la verdad, se niegan a pedir que se investigue a los ex miembros amnistiados del M-19, quienes detentan, probablemente, muchas verdades acerca del horrible crimen que cometió el M-19 ese día. Pues no les interesa saber quién es el verdadero y único responsable de esa tragedia. Sólo quieren, con el proceso contra los militares, golpear al “enemigo de clase”, a los defensores del Estado y del gobierno legitimo.

Ellos no podían encontrar nada pues se alejaron de la única investigación seria que se ha hecho de ese triste episodio: la del Tribunal Especial de Instrucción, el cual firmó su excelente informe el 31 de mayo de 1986. Esa investigación, realizada por dos eminentes magistrados, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, con la ayuda de diez jueces de instrucción, afirma que no hubo desaparecidos en el palacio de justicia; que “los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto”, que esas víctimas del terrorismo “se consideraron desaparecidos porque sus cadáveres no fueron identificados”, pues sus restos fueron encontrados en un alto grado de calcinación que impidió toda identificación en esos meses y en los años siguientes.

Ese informe reitera que “existe un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a los desaparecidos”. El informe concluye esto: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el cuarto piso a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

La investigación de la Fiscalía se apartó de ese enfoque por motivos ideológicos: pues había que probar que los militares “desaparecieron” una parte de los rehenes liberados. Sin embargo, nada prueba hasta hoy que eso haya sido así.

Esa condena de 30 años fue tomada por una juez, no por un tribunal. La colegiatura, en derecho penal, es esencial. Solo un tribunal puede abordar sin prejuicios desde el comienzo el proceso y decidir con conocimiento de causa. “La colegialidad es una garantía de buena justicia pues un hombre solo no puede discernir con holgura el juicio que conviene dar”, dice la profesora francesa de Derecho Marie-Anne Frison-Roche.

La fiscal y la juez, tuvieron más de tres años para buscar la verdad y no la encontraron, a pesar de que gozaron de todas las garantías, y tuvieron en sus manos todas las palancas (y hasta abusaron de éstas) para hallar la verdad. Pero no la hallaron. ¿Querían realmente hallarla? Una persona había sido designada como culpable desde el comienzo de la instrucción. Se trataba de impulsar un juicio político de escarmiento contra un símbolo de las Fuerzas Armadas, para sembrar el terror entre las fuerzas militares y de policía de Colombia y para hacer una exhibición de fuerza.

Ese veredicto es monstruoso pues se ha condenado a un inocente. Ese veredicto tiene, al menos, un lado positivo: el hará que millones de colombianos abran los ojos sobre lo que hay detrás de la crisis de la justicia colombiana.

Para atribuirle al Coronel Plazas la responsabilidad del crimen, la juez acudió al implante absurdo de una discutible teoría llamada de la “autoría mediata”, pues la fiscal había comprendido que no podía inculpar a Plazas como autor propio de un crimen. La fiscal optó por la vía indirecta: lo acusó de ser “coautor impropio”.

Pero la juez rechazó ese enfoque y optó por una teoría traída de los cabellos que consiste en decir que se le puede atribuir responsabilidad penal a una persona que no cometió un delito penal. La cómoda teoría, que puede dar para todo, sobre todo para cometer los peores abusos judiciales, como en el caso del Coronel Plazas, dice que esa persona puede ser vista como responsable de un crimen por el hecho de haber hecho parte de la “estructura organizada de poder”. Esa noción no existe en derecho positivo colombiano. Es un desarrollo reciente y cuestionable y que no es aplicado por los países democráticos por sus graves inconvenientes. Esa teoría poco clara pretende que se le puede imputar la “autoría mediata” de un crimen a una persona que no cometió el crimen o que no intervino directamente en la ejecución del crimen, pero que “dominaba la realización del crimen sirviéndose de un aparato de poder”.

La juez trata de mostrar los méritos de esa teoría diciendo que el jurista alemán Claus Roxin, inventor de la misma en 1963, logró incorporarla “a la dogmática penal a partir del caso Eichmann”. La juez calla un hecho. Esa teoría no fue utilizada en el proceso de Adolf Eichmann, realizado dos años antes del famoso invento de Roxin. El tribunal israelí condenó a muerte al verdugo nazi pues probó de manera ordinaria, clásica, la responsabilidad de éste en la Solución Final, sin valerse de curiosas teorías.

Pero incluso para aplicar la teoría Roxin hay que probar, al menos, que el responsable ordenó la comisión del delito.

En el caso del Coronel Plazas esa orden no fue jamás probada. En todo caso, el uso de esa teoría y la evocación del caso Eichmann en la sentencia del Coronel Plazas, muestra un a priori ideológico, una actitud militante y no imparcial de la juez. Ella considera de alguna manera que la acción del coronel Plazas en defensa del palacio de justicia, asaltado de manera sangrienta por terroristas marxistas, y en defensa de un régimen democrático y elegido por el pueblo en elecciones libres, es de la misma naturaleza que los crímenes de los nazis.

De ello se desprende otra conclusión: los otros militares cuyos procesos están en curso por la defensa que hicieron del palacio de justicia, y las otras personas que quieren atraer a esa trampa, serán vistos por la juez y sus aliados también como nazis irrecuperables (lo que era Eichmann) y sufrirán sentencias aberrantes gracias a la aplicación de la peregrina teoría de la “autoría mediata”.

Lo curioso es que la juez Jara no piensa un minuto en aplicar esa misma teoría para detener y llevar a juicio a los jefes del M-19 amnistiados, quienes detentan los secretos de lo que ocurrió en el palacio de justicia y de las otras actuaciones criminales del M-19.

Los primeros que deberían estar decepcionados de ese fallo son los familiares de las personas que perecieron a causa del acto terrorista cometido por el M-19 y que no han sido todavía identificadas. Pues la investigación de la Fiscalía, y la sentencia de primera instancia, no arrojaron luz sobre el paradero de esas personas. La juez Jara sigue negándoles a esos familiares la práctica de una prueba de ADN a los restos no identificados. Ello podría sacar la verdad a la superficie. Tal prueba podría confirmar lo que dijo el Tribunal Especial de Instrucción: “los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto”.

Nada de justicia, nada de verdad, nada de rigor jurídico, nada de pruebas sólidas, nada de objetividad, nada de moral, nada de ética, nada de patriotismo, nada de honor, nada de pudor intelectual. Todo eso brilla por su ausencia en la deplorable sentencia del Juzgado III Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dictada por la juez María Stella Jara Gutiérrez, que condena al Coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega como “coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada” de 11 personas durante la “retoma” del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, condenándolo, en primera instancia, a “30 años de prisión”.

En toda sentencia, los fundamentos de Derecho y el recto análisis de los hechos probados son más importantes que el propio fallo. Es el camino deductivo por el que el juez explica su decisión, apoyado en la doctrina y en la jurisprudencia (o sea los precedentes judiciales de hechos similares). Sin unos sólidos fundamentos jurídicos y probatorios, la sentencia no pasa de ser una estafa repugnante, aunque revestida de la típica prosopopeya oficial.

Los fundamentos de Derecho invocados por la juez para poner en prisión al Coronel Plazas, más que argumentos jurídicos, parecen verdaderas disculpas que tratan de justificar, a como de lugar, la condena de un inocente. No por otra razón la juez Jara echó mano de la muy discutible teoría jurídica de la llamada “autoría mediata”, de acuerdo con la cual se puede condenar a una persona por el sólo hecho de ostentar mando sobre subalternos que habrían sido responsables de un delito. Es decir, como no hay pruebas que vinculen directamente al Coronel Plazas con las desapariciones, entonces se le condena por la supuesta responsabilidad de sus subalternos en la ejecución de las mismas. De acuerdo con la juez, el Coronel Plazas “tuvo el dominio del hecho a través de la fuerza que comandaba, lo que le aseguró la consumación del punible a través de la fungibilidad de los ejecutores responsables, quienes resultaron ser piezas esenciales de un engranaje completo orientado al crimen”.

Sin embargo, aún aceptando la muy problemática e incierta tesis jurídica de la “autoría mediata” o de la “responsabilidad indirecta”, se necesitan evidencias sólidas y verosímiles que permitan establecer que el Coronel Plazas ordenó las desapariciones y que demuestren, efectivamente, la existencia del elemento material del delito, es decir la identificación de los 11 cuerpos de quienes fueron supuestamente torturados y desaparecidos por ordenes del alto mando militar y de policía, con la participación determinante del Coronel Plazas. ¿Dónde están esas pruebas? En ninguna parte de las 302 páginas que componen la sentencia.

El testigo clave para condenar al Coronel Plazas es Edgar Villamizar o Villamil, un suboficial retirado del ejército, cuyo apellido ni siquiera está claro en el testimonio, toda vez que en el texto aparece como Villamizar y en la firma como Villamil, grave inconsistencia que la juez desestimó olímpicamente al decir que se trataba de un simple error de mecanografía y que su identidad está “plenamente probada”. Pero no dice nada sobre la inconsistencia grafológica en las firmas del testigo. Según él, que en la época de los hechos se desempeñaba como cabo segundo del ejército, los 11 desaparecidos fueron trasladados como “sospechosos”, por órdenes de Plazas Vega, a la Escuela de Caballería, para ser sometidos a un interrogatorio que terminó en torturas. De acuerdo con el testigo, él escucho cuando “Alguien le pregunta al Coronel Plazas qué hacemos con la gente y es donde manifiesta abiertamente, ‘cuelguen esos hijueputas’”. Esa es la base esencial de la sentencia. El problema fundamental de ese testimonio es que no pudo ser controvertido por la defensa, tal como lo establece la Constitución en su artículo 29. Según la Corte Constitucional, de la interpretación de ese artículo, se advierte con claridad que no es admisible el establecimiento de excepciones al principio de la contradicción de la prueba.

Eso no lo tiene en cuenta la juez Jara. Ella da por sentado que lo declarado por ese testigo, oscuro y desconocido, es cierto. No hay crítica del testimonio. No se cuestionan las contradicciones y las inconsistencias del testigo, por ejemplo cuando dice que fue trasladado en un helicóptero con capacidad para 15 personas, que para la época no existía. ¿Qué otras “pruebas” hay para condenar al Coronel Plazas? Sólo hay meros indicios, suposiciones y conclusiones sin fundamento. Por ejemplo, a partir de la transcripción de una grabación en el que se encuentra la versión de uniformados al servicio del Ejército Nacional, en la que se dice que ellos fueron los encargados de trasladar a un “número de rehenes que eran mantenidos por la subversión dentro de las instalaciones del Palacio” a la Casa Museo del Florero, en donde fueron identificados, la juez concluye, sin más elementos probatorios, que se trata de los mismos 11 desaparecidos que fueron torturados.

Así las cosas, queda claro que para la juez vale más un testimonio equívoco y aislado, apoyado en unas suposiciones descontextualizadas e inverosímiles, que el fallo absolutorio del Tribunal Especial de Instrucción de 1986, los testimonios y objeciones legítimas de la defensa, los argumentos jurídicos de la Procuraduría General de la Nación y los principios básicos del Derecho. ¿Dónde está la evidencia que demuestra lo que sucedió con los 11 desaparecidos? No hay nada. Nadie vio cuando los torturaron. Los cuerpos no han sido identificados.

El elemento material del delito brilla por su ausencia. Entonces, ¿qué pasó con los desaparecidos? Según el Tribunal Especial de Instrucción de 1986, el cual sí tuvo contacto directo con las pruebas, los cuerpos de esas 11 personas se incineraron a tal grado que no pudieron ser reconocidos. O sea que no hay desaparecidos. Con la tecnología actual esos restos pueden ser identificados con pruebas de ADN, pero la juez Jara siempre lo ha impedido. A ella no le interesa la verdad de los hechos y el castigo de los verdaderos culpables (o sea los terroristas del M-19), lo que busca es dejar por el suelo la moral y el buen nombre de las fuerzas militares de Colombia, a las cuales llega a poner en el mismo saco con los criminales nazis.

Si bien el fallo condenatorio contra el Coronel Plazas Vega es susceptible de ser revocado por una instancia superior, huelga decir que el pésimo precedente que sienta constituye un grave golpe al esclarecimiento de la verdad; es una paliza a la moral y al buen nombre de nuestras fuerzas armadas y representa un claro ejemplo de la degradación ética y profesional de la justicia colombiana: De ahora en adelante, si el terrorismo repite un holocausto infame como el que tuvo lugar en 1985 a manos del M-19 en el Palacio de Justicia, no está claro que nuestros militares vuelvan a poner su vida en peligro para liberar a los cautivos, salvar el Estado de Derecho y terminar la pesadilla, como hicieron con valor admirable en aquella difícil ocasión, porque tendrán presente que un día cualquiera un juez sesgado y torticero, podrá condenarlos a prisión vitalicia, violando sus más elementales derechos procesales.

Es un momento triste y oscuro para Colombia. Desde Comentario Digital expresamos nuestro más enérgico rechazo a este fallo injusto e infame. Creemos en la inocencia de Coronel Plazas y abogamos por la verdad y la justicia.

Fuente: Comentario Digital